Un comunicado breve del Ministerio de Defensa bastó para estremecer a la clase política. Pero lo que realmente encendió la polémica no fue solo la muerte de Rubén N, conocido como “El Mencho”, sino los detalles que el general Trevilla decidió hacer públicos.
Detrás de 48 horas de persecución en Jalisco aparece una compleja red de inteligencia internacional, un enfrentamiento armado en la sierra y una ola de violencia que se expandió por varios estados. La pregunta ya no es qué ocurrió, sino qué parte de la historia aún no se ha contado.
Rubén N no era un nombre desconocido. Desde la década de los noventa consolidó la estructura del CJNG, una de las organizaciones criminales más influyentes de América Latina.
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En 2016 fue incluido en la lista de los más buscados por Washington, que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
Esa cifra reflejaba el nivel de amenaza atribuido a la red que dirigía, vinculada al tráfico de drogas, lavado de dinero y contrabando de armas.
Fuentes de seguridad sostienen que la operación no fue improvisada. Se trató del resultado de años de seguimiento, análisis de comunicaciones y cruces de datos financieros.
La inteligencia militar mexicana intercambió información con Interpol, Europol y el Comando Norte de Estados Unidos.
El gobierno mexicano subrayó que la cooperación se limitó al intercambio de datos y asesoría técnica, sin participación directa de fuerzas extranjeras en el terreno, en respeto a la soberanía nacional.
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El punto de quiebre llegó cuando las autoridades detectaron movimientos inusuales de una persona cercana a la pareja sentimental de Mencho.
Llamadas encriptadas, desplazamientos discretos y patrones financieros sospechosos llevaron a ubicar una propiedad en Tapalpa, Jalisco.
El 20 de febrero se confirmó su presencia en el lugar. Para los estrategas, era una ventana de oportunidad que no podían dejar pasar.
La madrugada del 21 de febrero se activó el operativo. Tres componentes fueron desplegados: fuerzas terrestres, seis helicópteros de apoyo y aeronaves de cobertura aérea.
El plan buscaba un cerco rápido para minimizar daños colaterales y capturar al objetivo con vida si era posible. Sin embargo, la reacción del círculo de seguridad fue inmediata y violenta.
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Según el parte oficial, los escoltas respondieron con armas de alto calibre, incluyendo lanzagranadas tipo RPG. El enfrentamiento se extendió hacia la zona boscosa cercana.
Durante varias horas se escucharon detonaciones que rompieron la calma habitual de la región montañosa. Mencho y dos de sus hombres intentaron escapar por rutas previamente preparadas.
En medio del intercambio de disparos, Mencho resultó gravemente herido. Fue atendido en el lugar y trasladado en helicóptero a un centro médico.
No obstante, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones. Su cuerpo fue llevado a la Ciudad de México para las pruebas forenses correspondientes.
De manera paralela, en El Grullo, Hugo H, alias “El Tuli”, responsable de logística y finanzas del grupo, fue abatido cuando intentaba huir. La caída simultánea de dos figuras clave representó un golpe significativo a la estructura operativa del CJNG.
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Durante los cateos se aseguraron armas de alto poder, vehículos blindados y efectivo por 7,2 millones de pesos y cerca de un millón de dólares. Especialistas consideran que esos recursos estaban destinados a operaciones inmediatas o pagos internos de la organización.
Sin embargo, el impacto no terminó con el operativo. Horas después se registraron 85 bloqueos carreteros en Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Vehículos incendiados, estaciones de servicio atacadas y bancos vandalizados marcaron una jornada de tensión.
Veinticinco elementos de la Guardia Nacional y personal judicial murieron en ataques posteriores. En los enfrentamientos siguientes fueron abatidos cerca de treinta presuntos integrantes del grupo.
Algunas aerolíneas cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta y varias universidades suspendieron actividades por razones de seguridad.
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El país observaba con inquietud si la eliminación del líder provocaría una fractura interna o una escalada de violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad aseguraron que el Estado mantiene el control.
Se instaló un centro de mando federal para coordinar acciones con los gobiernos estatales y se enviaron 2.500 efectivos adicionales a Jalisco. La administración reiteró que la cooperación internacional fue estrictamente informativa.
El plan a largo plazo contempla cuatro ejes: atender las causas estructurales del crimen, fortalecer las fuerzas de seguridad marítima, ampliar la inteligencia financiera y profundizar la judicialización de casos. También se investiga a despachos y empresas señaladas como posibles fachadas para el lavado de dinero.
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Expertos advierten que la eliminación de un líder no garantiza el desmantelamiento de la organización. La historia reciente demuestra que los vacíos de poder pueden generar disputas internas y violencia temporal. El desafío ahora es evitar que ese escenario se materialice.
Lo ocurrido en Jalisco no es solo un parte militar. Es un episodio que redefine la estrategia de seguridad y pone a prueba la capacidad institucional del Estado.
Mientras se restablece el orden, la sociedad mexicana observa con cautela si esta operación marca el inicio de una etapa de mayor estabilidad o si abre un nuevo capítulo en la confrontación contra el crimen organizado.
