¡HARFUCH CAPTURA A M3N0R QUE ASES1NÓ A SU COMPAÑERO DE SECUNDARIA EN TLAHUAC: BRUTAL APUÑ4LADA!
La tarde del 11 de febrero de 2026, frente a la puerta de una secundaria pública en Tláhuac, Ciudad de México, una escena que ningún padre quiere imaginar se volvió realidad.
Apenas había sonado el timbre de salida cuando, entre decenas de estudiantes que abandonaban el plantel, una pelea estalló y terminó en cuestión de minutos con varias puñaladas.
Lo que parecía una riña más entre adolescentes se transformó en un caso que hoy divide a la opinión pública y cuestiona la capacidad de todo un sistema para proteger a sus alumnos.
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El herido es Jeremy Chávez, de 15 años. El detenido es Diego Kevin Cruz, de 14, compañero de la misma escuela. De acuerdo con los primeros reportes, Diego utilizó un objeto punzocortante de aproximadamente 15 centímetros para atacar a Jeremy.
El adolescente sufrió lesiones graves en pulmón, riñón e intestinos, perdió algunos órganos internos y fue ingresado en terapia intensiva en estado crítico.
Permanece con soporte vital. La policía llegó alrededor de 22 minutos después de iniciados los hechos. Diego fue puesto bajo detención preventiva por 45 días mientras se investiga el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida.
Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias, la narrativa dejó de ser lineal. La fiscalía analiza mensajes recuperados de teléfonos celulares y testimonios de estudiantes.
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Según la declaración de Diego, Jeremy no era simplemente una víctima al azar, sino que presuntamente encabezaba un esquema de extorsión dentro del plantel.
Al menos 12 alumnos habrían sido obligados a pagar entre 50 y 100 pesos semanales bajo amenazas de agresión física o represalias contra sus familias.
Diego afirmó que había sido golpeado en el baño y amenazado en repetidas ocasiones. Dos semanas antes del ataque, aseguró haber comprado el arma en Tepito por miedo.
El día de los hechos, sostuvo que Jeremy lo empujó varias veces y lo acorraló mientras lo amenazaba con romperle el rostro. Solo entonces, dijo, sacó el cuchillo.
Las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad y recaban declaraciones para esclarecer si hubo agresión previa y en qué circunstancias ocurrió la puñalada.
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La defensa de Diego insiste en que actuó impulsado por temor y presión constante. La familia de Jeremy rechaza categóricamente las acusaciones de extorsión y exige justicia.
Pero la polémica no se limita a los dos adolescentes. Señalamientos contra la dirección de la Secundaria 324 han encendido la indignación social. Algunos testigos afirman que el director presenció parte del altercado desde la entrada sin intervenir de inmediato.
Otros señalan que maestros se resguardaron dentro del plantel mientras la agresión ocurría afuera.
El padre de Jeremy declaró que tuvo que trasladar a su hijo por cuenta propia al hospital porque no se solicitó ambulancia a tiempo. La escuela no ha ofrecido una postura detallada, más allá de asegurar que coopera con las autoridades.
Este no sería un hecho aislado. En octubre de 2025, una alumna de 12 años, identificada como Nicole, sufrió una agresión grave dentro del mismo plantel.
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Su familia denunció haber advertido previamente sobre situaciones de acoso sin recibir respuesta eficaz. La repetición de incidentes plantea dudas sobre los protocolos de prevención y atención.
Docentes consultados bajo reserva reconocen que muchos temen intervenir en conflictos por posibles represalias de familiares o por falta de respaldo institucional. La ausencia de capacitación especializada para manejar crisis y violencia escolar agrava el panorama.
El caso ocurre en un contexto nacional preocupante. México enfrenta desde hace años altos niveles de violencia escolar.
Estudios y reportes oficiales han documentado cientos de miles de incidentes, con un impacto significativo en la salud mental de niños y adolescentes.
Expertos advierten que el confinamiento por la pandemia de COVID 19 profundizó problemas emocionales y tensiones familiares, lo que se reflejó en un aumento de conflictos tras el regreso a clases presenciales.
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Desde el punto de vista legal, la discusión gira en torno a los límites de la legítima defensa. Especialistas señalan que esta figura requiere proporcionalidad y una amenaza real e inmediata. Portar un arma punzocortante en un entorno escolar plantea interrogantes difíciles.
Al mismo tiempo, si se confirma un patrón de intimidación sistemática, la responsabilidad de la institución educativa también será objeto de análisis.
En el hospital, la familia de Jeremy permanece a la espera de señales de recuperación. Del otro lado, la familia de Diego enfrenta la incertidumbre de un proceso judicial que podría marcar el futuro del menor. Dos hogares atravesados por el dolor, una comunidad dividida y un país obligado a reflexionar.
Lo ocurrido en Tláhuac no puede reducirse a un expediente penal. Es el reflejo de una cadena de violencia que, cuando no se atiende a tiempo, termina por estallar con consecuencias irreversibles.
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La pregunta que hoy flota en el aire no es solo quién empuñó el cuchillo, sino qué falló antes para que un adolescente sintiera que la única salida era armarse.
Mientras Jeremy lucha por su vida y Diego enfrenta la justicia, la sociedad mexicana observa con inquietud.
Si la escuela deja de ser un espacio seguro, cada timbre de salida puede convertirse en un momento de riesgo. Y cada omisión, por pequeña que parezca, puede acumularse hasta detonar otra tragedia.
