Más de 50 horas de video permitieron identificar a sicario que disparó contra empresario en Bogotá
Un hombre vestido con traje oscuro y corbata camina con aparente calma por una zona exclusiva del norte de Bogotá. La escena, registrada por cámaras de seguridad, no tendría nada de extraordinario en un sector donde abundan oficinas, gimnasios y restaurantes de alto nivel.
Sin embargo, minutos después, los disparos rompen la rutina y dejan al descubierto una ejecución calculada con precisión quirúrgica.
Más de 50 horas de grabaciones analizadas por investigadores terminaron revelando la identidad de uno de los implicados y encendieron un debate incómodo en Colombia: ¿hasta qué punto el crimen organizado ha perfeccionado su capacidad para matar sin levantar sospechas?
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La víctima fue el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, vinculado al sector arrocero, quien fue atacado junto a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez frente a un gimnasio que frecuentaba.
De acuerdo con la reconstrucción de la Policía Judicial, hacia la 1:30 de la tarde el empresario ingresó al establecimiento mientras su escolta permanecía en el exterior. Nada parecía fuera de lo común.
No obstante, las cámaras ya habían captado movimientos sospechosos. Un hombre en motocicleta permanecía estacionado frente al gimnasio, atento a cada entrada y salida.
Los investigadores lo identifican como el campanero, encargado de vigilar y transmitir información en tiempo real. Este rol, habitual en estructuras criminales, permitió que el ataque se ejecutara con exactitud milimétrica.
Cerca de las 3:40 de la tarde, cuando Aponte Fonnegra salió del gimnasio, apareció el sicario. No llevaba casco ni ocultaba su rostro. Su traje y corbata funcionaban como un disfraz social que lo hacía pasar desapercibido en un entorno empresarial.
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Desde una distancia aproximada de 15 metros disparó una vez contra el empresario y tres veces contra el escolta. Ambos cayeron en cuestión de segundos. El agresor huyó hacia una esquina donde otro cómplice lo esperaba en motocicleta para escapar.
El análisis detallado de más de 50 horas de video permitió a los investigadores trazar la ruta de seguimiento previa y posterior al crimen.
Las imágenes evidencian coordinación, vigilancia previa y un plan diseñado para minimizar riesgos. Las autoridades sostienen que al menos tres personas participaron directamente: el campanero, el sicario y el conductor encargado de la huida.
La familia del escolta Luis Gabriel Gutiérrez aseguró que llevaba entre cuatro y cinco años trabajando con el empresario y que nunca recibieron amenazas previas.
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Este dato alimenta interrogantes sobre el móvil del crimen. ¿Se trató de una disputa económica, un ajuste de cuentas o una represalia vinculada a intereses ocultos? Hasta el momento, la investigación continúa bajo estricta reserva.
El caso de Bogotá se produce en un contexto nacional preocupante. En Cali, por ejemplo, cerca del 80 por ciento de los homicidios son atribuidos a sicarios.
En 2025 se registraron 1.064 asesinatos, 110 más que en 2024. Aunque en el inicio de 2026 las cifras muestran una reducción del 6 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, con 118 casos reportados, el panorama sigue siendo alarmante.
Uno de los hechos recientes que estremeció a Cali fue el hallazgo de una maleta con restos humanos cerca del río Cali, a pocos metros de la sede de la Alcaldía. El impacto simbólico de ese descubrimiento profundizó la sensación de inseguridad y evidenció la crudeza de la violencia urbana.
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Expertos en seguridad señalan que muchas de estas muertes están relacionadas con disputas por economías ilegales y microtráfico.
En estos escenarios, el sicariato se convierte en una herramienta de control y castigo. La contratación de un asesino resulta, para las estructuras criminales, un mecanismo eficaz y relativamente económico frente a los beneficios que buscan proteger.
Según datos de Numbeo, Cali ocupa el puesto 18 entre las ciudades más inseguras del mundo, por encima de Bogotá y Medellín. Este posicionamiento no solo afecta la percepción internacional del país, sino que repercute en inversión, turismo y estabilidad social.
En Cali, la rotación constante en la comandancia de la Policía, con tres cambios en seis meses, ha sido señalada como un factor que dificulta la continuidad de las estrategias de seguridad.
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Cada relevo implica ajustes y reestructuraciones, mientras las redes criminales mantienen esquemas organizados y persistentes. Como respuesta, la administración local ha instalado 40 cámaras con inteligencia artificial y ha reforzado patrullajes nocturnos conjuntos entre Policía y Ejército.
El asesinato de Aponte Fonnegra, ejecutado frente a un gimnasio en plena tarde, deja una imagen poderosa y perturbadora: la del sicario vestido de ejecutivo, mezclado entre ciudadanos comunes.
La sofisticación del disfraz evidencia una transformación en la manera de operar del crimen urbano, que apuesta por la invisibilidad antes que por la intimidación abierta.
Las autoridades continúan solicitando a comerciantes y residentes del sector que aporten material de cámaras privadas para ampliar el rastreo.
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La expectativa pública se centra ahora en identificar no solo al autor material, sino a quienes habrían ordenado el ataque.
Más allá de los nombres y cifras, el caso expone una tensión estructural en Colombia. La tecnología de vigilancia avanza y permite reconstruir trayectorias con precisión, pero el crimen organizado también se adapta y refina sus métodos. Entre la modernización policial y la capacidad de infiltración criminal se libra una disputa silenciosa.
En esa confrontación, la pregunta que persiste es inquietante: si un hombre de traje puede disparar a plena luz del día en uno de los sectores más vigilados de la capital, ¿cuántos otros rostros aparentemente normales ocultan historias que todavía no han sido reveladas?
