Controversia electoral y nuevas acusaciones reavivan el caso DMG y sacuden la campaña presidencial
La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella superó el umbral legal de firmas, aunque más de tres millones fueron invalidadas por inconsistencias detectadas por la Registraduría.
La campaña presidencial de **Abelardo de la Espriella** atraviesa uno de sus momentos más complejos tras la validación parcial de las firmas presentadas para respaldar su aspiración y la reaparición pública de **David Murcia Guzmán**, quien lanzó graves acusaciones en su contra durante una entrevista concedida al periodista **Daniel Coronell**.
La Registraduría confirmó que, aunque el aspirante superó el umbral mínimo exigido por la ley para inscribirse por firmas, una parte significativa de los apoyos entregados fue invalidada por inconsistencias en los datos.
De la Espriella había anunciado públicamente la recolección de más de cinco millones de firmas y defendió la solidez del proceso.
“Yo audité todas las firmas de nosotros.
De algo sirve ser abogado”, afirmó en un video difundido antes de conocerse el informe definitivo.
El debate político se intensificó cuando sectores críticos señalaron la diferencia entre las cifras anunciadas inicialmente y el número de apoyos finalmente avalados.
Desde la campaña del abogado se ha sostenido que el requisito legal fue cumplido y que cualquier error en planillas adicionales no afecta la legitimidad de su candidatura.
En paralelo, la controversia tomó un giro aún más delicado con las declaraciones de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, quien cumple condena y decidió ofrecer una extensa versión sobre los hechos que rodearon su captura y proceso judicial.
En la entrevista, Murcia aseguró que durante su defensa fue víctima de irregularidades y responsabilizó directamente a De la Espriella de actuaciones que, según él, lo perjudicaron gravemente.
“A mí me puede dar miedo de que me haga algo, que le haga algo a mi familia y que de hecho lo dejo acá clarito, que si algo le llega a pasar a mi familia o a mí, el culpable es Abelardo de la Espriella”, declaró Murcia.
También afirmó que pagó honorarios cercanos a cinco mil millones de pesos que, según su versión, no le fueron devueltos tras la renuncia del abogado a su defensa.
Murcia relató además detalles sobre su captura en Panamá y posterior traslado a Colombia.
“No existía una orden de captura.
A mí nunca me leyeron derechos”, sostuvo, calificando el procedimiento como un “secuestro”, aunque reconoció que jurídicamente podría discutirse como “captura ilegal”.
En su testimonio mencionó la supuesta participación de autoridades de la época y señaló que su llegada a Cartagena fue presentada oficialmente como el lugar de detención, pese a que —según dijo— se encontraba en Panamá cuando fue retenido.
Durante el diálogo, Murcia también hizo referencia al entonces fiscal general **Mario Iguarán** y al expresidente **Álvaro Uribe Vélez**, sugiriendo la existencia de coordinaciones políticas en torno a su caso.
Tales afirmaciones no han sido respaldadas por decisiones judiciales recientes y forman parte de su versión personal de los hechos.
En uno de los apartes más comentados, Murcia aseguró que intentó entregarse voluntariamente y que su defensa no actuó para cuestionar la legalidad del procedimiento.
“Cualquier abogado me hubiera sacado en libertad ese día por esa captura ilegal”, afirmó.
También relató un encuentro en el avión que lo trasladó a Colombia con el entonces general **Óscar Naranjo**, describiendo el episodio como parte de lo que considera un “show mediático”.
De la Espriella no ha respondido en detalle a cada uno de los señalamientos, pero en intervenciones públicas ha insistido en que las acusaciones obedecen a motivaciones políticas y que se trata de un intento por afectar su aspiración presidencial.
En distintos espacios ha reiterado que su campaña representa una alternativa frente a la clase política tradicional y que no existe irregularidad en la inscripción de su candidatura.
El partido **Centro Democrático**, que ha manifestado afinidades programáticas con el aspirante en algunos temas, expresó respaldo ante lo que calificó como ataques en plena contienda electoral.
Entretanto, sectores opositores consideran que las denuncias de Murcia deben ser examinadas por las autoridades competentes.
La coyuntura se produce en un ambiente político ya tensionado.
En días recientes, el presidente **Gustavo Petro** denunció públicamente supuestos riesgos de seguridad durante uno de sus desplazamientos, afirmando que en dos ocasiones no pudo aterrizar debido a amenazas.
“No podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar”, expresó, aludiendo a presuntos riesgos contra su helicóptero.
El cruce de acusaciones y denuncias ha trasladado la discusión al terreno digital, donde simpatizantes y detractores de los distintos sectores políticos difunden versiones contrapuestas.
Analistas advierten que, en medio del calendario electoral, el impacto de este tipo de controversias puede influir en la percepción ciudadana, aunque subrayan que cualquier responsabilidad penal o disciplinaria solo puede establecerse mediante decisiones judiciales en firme.
Mientras tanto, la campaña de De la Espriella continúa defendiendo la validez de su inscripción y rechazando las imputaciones.
El propio candidato reiteró en un acto público que las firmas entregadas constituyen “la verdadera encuesta” de respaldo ciudadano y que su proyecto político seguirá adelante.
Las declaraciones de Murcia, por su parte, reabren un capítulo que parecía cerrado tras años de procesos judiciales.
Su testimonio introduce nuevamente en la agenda pública el debate sobre el caso DMG y sobre la actuación de quienes participaron en su defensa y juzgamiento.
Con la contienda electoral en marcha, la combinación de cuestionamientos administrativos sobre firmas y acusaciones personales de alto calibre añade un nuevo factor de incertidumbre al panorama político colombiano.
El desenlace de esta controversia dependerá tanto de las respuestas jurídicas que puedan surgir como de la evolución del debate en la opinión pública.
